El Teléfono de Notificación de Posibles Situaciones de Maltrato Infantil (900 85 18 18) de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales recibió durante 2017 un total de 4.450 notificaciones de posibles situaciones de malos tratos, según ha informado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Este servicio gratuito de la Junta de Andalucía registró un total de 6.750 llamadas, un 3,6% más que en 2016, en las cuales, además de las notificaciones de posibles malos tratos, se solicitaba información sobre otras cuestiones relacionadas con los recursos sociales existentes para la atención a menores. Para Sánchez Rubio, “la protección a la infancia es un prioridad para el gobierno de Andalucía y por ello, además de los recursos de la administración, la ciudadanía tenemos que hacer una labor de concienciación para que estemos alerta ante cualquier tiempo de abuso contra las personas más indefensas de nuestra sociedad”.
En cuanto al nivel de gravedad de las notificaciones registradas, según Sánchez Rubio, el 68% alertaban sobre posibles casos de maltrato leve/moderado y el 32% restante posibles casos graves. Por provincias, Sevilla acumuló el mayor número de notificaciones (24,89%), seguida de Málaga (19,49), Granada (14,48), Cádiz (13,31%), Córdoba (7,74%), Almería (7,51%), Huelva (6,38%) y Jaén (5,46%). Por otra parte, se han tramitado 6 notificaciones derivadas de llamadas realizadas por personas residentes en otras comunidades autónomas (0,19%), y 17 notificaciones derivadas de llamadas de procedencia geográfica desconocida (0,55%).
La negligencia y abandono de las necesidades físicas y psicológicas básicas, fueron las situaciones más comunicadas en lo que va de año (35,64%), seguidas del maltrato psicológico/emocional (26,71) y el maltrato físico (23,58%).
En cuanto a la edad de los niños, niñas y adolescentes, el 36,7% tenía entre 0 y 5 años, el 33,3% entre 6 y 11, y el 24,5% entre 12 y 17. Respecto al sexo, 1.924 eran niños y 1.792 niñas, desconociéndose para 734 menores.
Tras la recepción de las llamadas, se sigue un protocolo de actuación en función de la valoración de su gravedad notificando los hechos a los servicios sociales correspondientes. A partir de ese momento se inicia un proceso de investigación de las circunstancias sociofamiliares, a fin de movilizar los recursos necesarios que aseguren la integridad física y psicológica de los y las menores implicados y planificar la intervención profesional más adecuada.
