El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para la mayor reforma del sistema judicial español desde 1985 con el anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó una transformación que busca promover la igualdad de oportunidades, garantizar la excelencia y aumentar la plantilla judicial.
El proyecto, que complementa la reciente Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia del 3 de enero, contempla un sistema de becas que garantizará el Salario Mínimo Interprofesional durante cuatro años a los opositores de las carreras judicial, fiscal, Abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia. Este programa, que ya beneficia a casi mil opositores, se ampliará para facilitar el acceso a familias con rentas bajas o medias.
Para democratizar la preparación de oposiciones, el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid se transformará en un centro público con delegaciones provinciales. Además, se creará un registro público de jueces y magistrados autorizados como preparadores de opositores.
El sistema de oposición se modernizará con tres pruebas: test, oral y escrita. Esta última innovación busca evaluar la capacidad de redacción jurídica, una habilidad fundamental para la práctica judicial que hasta ahora no se examinaba. Los exámenes escritos serán anónimos para garantizar la igualdad de oportunidades.
La reforma del cuarto turno, vía de acceso para juristas con más de 10 años de experiencia, modificará su proceso de selección. Los candidatos realizarán primero la prueba escrita y solo quienes la superen pasarán a la evaluación de méritos. Este sistema, que actualmente solo representa el 9,33% de los jueces, se fortalecerá con convocatorias simultáneas al turno libre, estableciendo una proporción de 100 plazas por cada 300 del turno general.
Para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea sobre la reducción de la temporalidad, el anteproyecto incluye un procedimiento extraordinario para regularizar la situación de jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos. Tras su análisis en el Consejo de Ministros, el texto pasará por un periodo de consultas y recibirá los informes preceptivos antes de su aprobación definitiva y remisión a las Cortes.