Frente Amplio propone triplicar en una legislatura el parque público de vivienda de la provincia de Málaga con un plan estatal que destinaría el 1,2 % del PIB a vivienda pública e incorporaría 125.000 viviendas al año al parque público. Es la primera de las diez medidas que la formación presenta para la provincia, organizadas en vivienda, movilidad, derechos sociales y cesta de la compra, y que impulsaría desde el Gobierno de España con inversiones, plazos y seguimiento público junto a la Junta, la Diputación y los ayuntamientos.
El programa recoge recuperar viviendas vacías, rehabilitar edificios y barrios, terminar promociones abandonadas, incorporar los activos residenciales de la Sareb y promover fórmulas cooperativas. Una ley de expropiación de viviendas a grandes propietarios corporativos permitiría recuperar 15.000 viviendas en la provincia: se aplicaría primero a empresas con más de 1.000 viviendas, luego a las de más de 700 y por último a las de más de 50, junto con un impuesto del 10 % contra la acumulación especulativa. En pisos turísticos, Frente Amplio cita más de 45.000 anunciados en Málaga según el INE y cerca de 89.000 inscripciones en el registro andaluz, y propone frenar los nuevos en zonas tensionadas, extinguir sus licencias en edificios residenciales en tres años como máximo, aplicar IVA del 21 %, recargos de hasta el 150 % en el IBI y una tasa a las estancias turísticas para vivienda.
En movilidad plantea un corredor ferroviario de doble vía electrificada entre San Roque y Almería, con prioridad para llevar el Cercanías de Fuengirola a Marbella y Estepona y extender la conexión hasta Nerja; mejoras en la C2 del Guadalhorce; un estudio para rescatar la AP-7 con bonificaciones mientras tanto; y un pacto metropolitano que incluye ampliar el metro hacia el Parque Tecnológico, el Hospital Civil y Rincón de la Victoria. Se compromete a adoptar en los primeros 100 días las decisiones para poner en marcha el tren litoral.
En derechos, propone una sanidad financiada con el 8 % del PIB y el 25 % de ese presupuesto para atención primaria, una inversión educativa del 7 % del PIB en 2030, una aportación estatal a la dependencia de al menos el 50 %, la revalorización de las pensiones con el IPC, un salario mínimo del 60 % del salario medio y una jornada de 32 horas semanales. Frente Amplio cita más de 300.000 pensiones contributivas en Málaga y una pensión media de unos 1.255 euros en septiembre de 2026, frente a unos 991 en 2022.
En precios, plantea topes a alimentos básicos en emergencia o abuso acreditado, un gravamen a beneficios excesivos de la cadena alimentaria, 200 euros mensuales por menor de 18 años, comedor escolar gratuito en Infantil y Primaria, cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en la Axarquía, el Guadalhorce, Antequera y la Serranía de Ronda, tarifa social eléctrica de oficio y ayudas del 85 % al 95 % para eficiencia energética de hogares vulnerables.
