El portavoz del grupo municipal de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha anunciado hoy que ampliará la denuncia realizada por su grupo a la Fiscalía con nuevas evidencias de lo que considera “el mayor escándalo del PP en el Ayuntamiento”, para ello está preparando un nuevo escrito que presentará en los próximos días al que añadirá nuevas pruebas y documentos, como los correos electrónicos que se enviaron al servicio de inspección con instrucciones del concejal.
Asimismo, el portavoz de IU ha presentado las conclusiones que su grupo propondrá a la Comisión de Investigación de los Expedientes de Infracciones Urbanísticas sin tramitar, que se celebrará el próximo martes 20 de noviembre. En estas se señala al concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, apoyado por el Gerente de Urbanismo, José cardador, como responsable de la decisión de dejar morir los expedientes relativos a infracciones, y en las que considera probado que para ello se desmanteló el Servicio de Inspección y se estableció un procedimiento al margen de la Ley para que los expedientes no pudieran seguir su normal tramitación legal sin ser previamente revisados y controlados por los concejales del distrito.
En muchos casos los expedientes terminaban retrasándose y caducando por la falta de impulso o por la falta de firma de concejal, con una clara voluntad por parte de esos responsables de que no se actuara contra las miles de infracciones que cada año se detectaban en la capital. De esta forma, llegaban a hurtar expedientes al propio servicio de inspección con el fin de eludir su control sobre los mismos.
Según Zorrilla en este periodo existió una “resistencia municipal” a actuar en los asuntos de disciplina urbanística abiertos, y los responsables de la Gerencia de Urbanismo Francisco Pomares y José Cardador establecieron un procedimiento al margen de la Ley que les permitía frenar y retrasar los expedientes hasta su caducidad y/o prescripción, que se plasmó incluso por escrito en unas instrucciones en las que exigía que el concejal y director de cada distrito leyeran y dieran el visto bueno a expedientes urbanísticos en su ámbito. La instrucción, titulada «Instrucciones a seguir para la firma del concejal», estableció un modus operandi que consistía en tres pasos: Primero había que enviar un correo electrónico al concejal de distrito con copia al director del mismo según la calle a la que afectase el expediente de infracción. En segundo lugar, una vez confirmado que habían leído el correo electrónico referido a la infracción y si no ponían ninguna objeción al trámite, se incluía en la carpeta para que lo firmase el concejal de Urbanismo. En el tercer punto se señalaba que el concejal no firmaría ninguna carpeta sin la confirmación de que los anteriores cargos habían leído el expediente y no ponían pegas.
Además, según las declaraciones vestidas en la Comisión de Investigación, también se dio instrucción expresa al servicio de inspección de no firmar más de diez resoluciones a la semana, de las que al menos tres tenían que ser estimatorias o de archivo, y también se dio la orden de que no se impusiera más de una multa coercitiva al año por expediente, algo que Zorrilla considera muy grave.
Para Zorrilla, la caducidad y el archivo sin tramitar de una gran cantidad de expedientes de infracciones urbanísticas fue consecuencia de las injerencias y una inactividad conscientemente querida y un “modus operandi” con procedimientos e instrucciones precisas para desarrollar dicho plan por parte de los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), del concejal Francisco Pomares Fuertes; y del Gerente de la G.M.U. José Cardador Jiménez; con pleno conocimiento del alcalde y presidente del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Francisco de la Torre Prados, como máximo responsable de este organismo autónomo municipal.
Por último, Zorrilla recordó que su grupo ha pedido la dimisión del concejal y el gerente de Urbanismo, Pomares y Cardador, pero independientemente de las responsabilidades políticas, a la vista de los datos expuestos y de la cronología de los hechos relatados, deberían trasladarse al ministerio público, que se encuentra investigando si existen posibles responsabilidades penales, las conclusiones finalmente aprobadas por la Comisión de Investigación, y estima muy posible que la Fiscalía traslade al juzgado de lo penal la apertura de juicio ya que hay indicios importantes de hechos tipificados en el código penal como coacciones y prevaricación.
