Desde diciembre de 2005 y tras un proceso de licitación pública, al que se presentaron tres ofertas, la gestión del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio, cuyo titular es el Consorcio Ciomijas, integrado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mijas, corresponde a una Unión Temporal de Empresas; es decir, a una entidad privada.
La base del contrato de gestión es el programa formativo que la entidad gestora se obliga a ejecutar y el Consorcio a abonar. Los recursos del Consorcio (entidad pública) para hacer frente a su obligación contractual proceden de la subvención anual que, hasta 2012, concedía la Consejería de Empleo, con cargo a los programas de Formación Profesional para el Empleo. En la actualidad esta competencia corresponde a la Consejería de Educación. Conviene aclarar que en el importe de la subvención anual que ha venido recibiendo el Consorcio Ciomijas están comprendidos el monto del contrato que debe abonar a la Entidad Gestora y otras partidas que corresponden a sus propios gastos de personal y de gestión.
Ante las recientes declaraciones del titular de Educación, Cultura y Deporte, imputando el retraso de los pagos a los Consorcios a la “necesidad de que se justifiquen los gastos correctamente”, la Entidad Gestora de Ciomijas debe aclarar que los servicios de formación que presta de acuerdo al contrato están permanentemente controlados por el personal del Consorcio que, como es sabido, tiene su sede en las propias instalaciones, y que las facturas correspondientes se emiten en los términos y en las fechas que el contrato estipula. Como se ha informado a todos aquellos medios de comunicación que se han hecho eco de la situación por la que atraviesan los Consorcios-Escuela, la Entidad-Gestora de CIOMIJAS ha mantenido la actividad del Centro formativo a pesar de que desde diciembre de 2012 no le son abonadas las facturas que ha emitido al Consorcio y que, a esta fecha, ascienden a 1.600.864,89€. Entretanto, con sus propios recursos, ha hecho frente a sus obligaciones económicas con su personal, con la seguridad social y con hacienda, así como sus proveedores.
En los primeros días de octubre pasado, la Entidad Gestora se dirigió a la Presidenta del Consorcio, Dª Patricia Alba, y al vicepresidente del mismo, D. Ángel Nozal, solicitando una reunión para conocer las circunstancias que estaban provocando este retraso y advirtiendo de los perjuicios del mismo. A pesar de reiterarlo, en un segundo escrito, con fecha de 22 de octubre, no se ha producido ninguna respuesta verbal o por escrito. Con fecha 15 de noviembre, la Entidad Gestora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 99.5 de la Ley de Contratos del Estado, anunció al Consorcio que si en el plazo de un mes no recibía la cantidad adeudada se vería obligada a suspender temporalmente el servicio contratado. La Entidad Gestora no tiene, por tanto, “gastos por justificar” y sigue desconociendo las circunstancias que están provocando esta situación que perjudica a los alumnos, a los trabajadores y a las empresas privadas que gestionan y han mantenido la actividad hasta ahora.
