Desde hace ya algún tiempo, y sobre todo a partir de la puesta en marcha de la denominada “Operación Tándem”, esta redacción ha venido ofreciendo a nuestros lectores las noticias que se han publicado en diferentes medios de comunicación( Diario Sur, El Confidencial, Diario Público, El País, etc. ) sobre la participación del comisario José Villarejo en el caso Astapa de Estepona—ya confirmada documentalmente—sus vinculaciones con el ex alcalde socialista del municipio, David Valadez y sus intereses en el urbanismo de nuestra localidad.
Igualmente, desde este digital revelábamos hace unos días—y también lo ha hecho el Diario Público—que la inspectora del clan Villarejo, Silvia O. M., con número de carné policial nº 89.169, aparece relacionada tanto en el caso Podemos como en el caso Astapa. Así, en cuanto a la investigación irregular a Podemos, esta inspectora viajó a Nueva York junto a José Ángel Fuentes Gago, uno de los pesos fuertes de la denominada brigada política, para tomar declaración al ex-ministro chavista Rafael Isea con la finalidad de obtener datos contra Podemos, Pablo Iglesias y sus dirigentes, aunque estos fueran falsos. A este respecto, y según ha indicado el Diario El País, estas investigaciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de autorización judicial. Y en lo referente al caso Astapa, esta inspectora realizó sobre el mismo más de 40 informes, algunos de ellos incluso después de su viaje a New York; informes que según fuentes jurídicas, quedan a partir de este momento absolutamente en entredicho, por falta de legitimidad y credibilidad. Pero es que además, esa inspectora fue la responsable en este procedimiento del volcado de todas las llamadas telefónicas realizado en el año 2012, sin el preceptivo control judicial, como había ordenado el juez instructor en aquellas fechas, D. Jesús Torres, tras romperse el disco duro.
Y ahora, por si fuera poco, resulta que esta misma inspectora, incorporó al caso Astapa, de “motu propio”, sin que hubiese sido requerido por el juez, las declaraciones de un testigo que apareció de la nada, con el baladí argumento de que “lo consideró oportuno”. Ese testigo era el empresario Juan Carlos Escribano Carcel; empresario que sería posteriormente detenido en la operación Tándem, por ser el hombre que usó Villarejo para blanquear 20 millones de euros en Estepona. A este respecto, resulta muy significativo que Juan Carlos Escribano estuviera desarrollando en aquel tiempo en nuestro municipio la promoción urbanística de lujo conocida como “El Mirador de la Cala”, promoción en la que el ex-comisario Villarejo tiene una gran parte de su enorme patrimonio—18 pisos (entre ellos dos áticos), 20 trasteros/garaje y un local en esos edificios—. Pues bien, el Sr. Escribano intentó conseguir la licencia de primera ocupación de ese residencial, durante el mandato del ex-alcalde socialista, Antonio Barrientos, a mitad del año 2008; pero ello no fue posible porque varios técnicos del área de urbanismo del Consistorio detectaron en la promoción diversas deficiencias e irregularidades. Pero es que además, tenía que abonar, previa valoración de los servicios técnicos municipales, los excesos de aprovechamientos urbanísticos que le correspondían al Ayuntamiento (1.762,60 m2t en primera línea de playa). Sin embargo, un tiempo después, el otrora denunciante y después alcalde de Estepona, David Valadez, contrató como gerente de Urbanismo del municipio, sin que mediara ningún tipo de proceso selectivo, a Diego de Lucas Villarrubia—socio del comisario en el Diario Digital Información Sensible y persona de su confianza—, que decía a quien quisiera escucharle que él era un hombre del Ministerio del Interior.
Una vez que Diego de Lucas ocupó la gerencia de urbanismo de Estepona, los problemas existentes en el conjunto residencial “El Mirador de la Cala” desaparecieron como por arte de magia y el Sr. Juan Carlos Escribano consiguió rápidamente la licencia de primera ocupación, que fue concedida por David Valadez, sin abonar al Ayuntamiento los excesos de aprovechamientos que le correspondían (1, 762,60 m2t en primera línea de playa), causando así un grave perjuicio a las arcas municipales. Y ello, a pesar de que existían varios informes técnicos en ese expediente y un informe del jefe jurídico del Ayuntamiento de Estepona, que así lo exigía. De esa manera tanto el entonces comisario, José Villarejo, como su socio, Juan Carlos Escribano, en esa promoción, habían logrado ahorrarse una importante suma económica en detrimento de las arcas públicas—que algunos técnicos cifran en más de millón y medio de euros—, al no abonar esos excesos de aprovechamientos que le correspondían al Ayuntamiento.
Conocidas todos estas cuestiones, las defensas de las personas afectadas por este procedimiento han indicado que pedirán, entre otras cosas, la nulidad de todas las diligencias policiales llevadas a cabo por esta inspectora—hasta tanto concluyan las pesquisas que está llevando la Audiencia Nacional sobre la investigación ilegal a la formación Podemos y se aclare el papel de esta inspectora en ese grave asunto —ya que estos hechos pueden suponer de facto la vulneración del derecho constitucional de los encausados a una investigación objetiva e imparcial, que es garantía básica de un proceso justo.
