Un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública revela que la derivación de fondos públicos al sector privado ha aumentado un 14,7% desde 2014, con grave impacto en la mortalidad y las desigualdades sociales
La privatización de la sanidad en España alcanza niveles críticos, según el undécimo informe anual presentado por la FADSP. El documento, que analiza datos de 2024, constata que Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña encabezan el desmantelamiento progresivo del sistema público de salud, mientras comunidades como Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana han acelerado dramáticamente este proceso en los últimos años.
El informe denuncia una estrategia deliberada: crear insuficiencia en los servicios públicos para justificar la «colaboración público-privada». Según el documento, el proceso sigue un patrón preocupante: recortes presupuestarios y abandono de la gestión provocan deterioro de servicios, largas listas de espera y deterioro de instalaciones, lo que desemboca en una ofensiva ideológica sobre la necesidad de complementar lo público con lo privado.
Las consecuencias son devastadoras. El informe cita estudios internacionales que demuestran que la privatización sanitaria produce un aumento de la mortalidad evitable y genera mayor desigualdad social, ya que el acceso a servicios depende cada vez más de la capacidad económica de los ciudadanos.
El negocio de la enfermedad
El sector privado no oculta sus objetivos. Según datos de empresas del sector citados en el informe, el gasto sanitario privado ha alcanzado 35.000 millones de euros (2,6% del PIB), con las primas de seguros creciendo un 13% solo en los primeros nueve meses de 2024. Entre 2019 y 2023 se inauguraron 56 nuevos hospitales, principalmente privados, que ya representan el 54% de los hospitales del país.
La estrategia es clara: convertir la sanidad pública en un hospital elitista centrado en innovaciones tecnológicas caras, mientras se abandona la atención primaria, que carece de interés comercial. El deterioro deliberado de los centros de salud genera inseguridad en la población y favorece el aseguramiento privado. De hecho, el informe señala que por cada día extra de demora en medicina de cabecera, aproximadamente 289.000 personas optan por un seguro privado.
El análisis de diez variables permite establecer un índice de privatización preocupante:
- Madrid y Canarias lideran con 28 puntos sobre 34 posibles
- Baleares alcanza 27 puntos y Cataluña 26
- El incremento más llamativo se produce en Andalucía (32,4% desde 2019), Extremadura (32,3%), Canarias (32,3%) y la Comunidad Valenciana (29,4%)
España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28-30% del total frente al 21% de la OCDE. El gasto de bolsillo de las familias alcanzó 25.143 millones de euros en 2022, reflejando una carga directa creciente sobre los ciudadanos.
El informe revela otro mecanismo perverso: la fuga de médicos del sistema público al privado. Catorce especialidades tienen más del 75% de sus profesionales trabajando a tiempo parcial en la red privada, compatibilizando con lo público. Predominan las especialidades quirúrgicas rentables: neurocirugía, traumatología, cardiología, oncología.
Paradójicamente, España tiene 449 médicos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media europea (420). El problema no es la falta de médicos, sino su distribución: faltan médicos en la sanidad pública, especialmente en atención primaria, que ha perdido un 4% de profesionales entre 2021 y 2023, mientras los hospitales públicos aumentaron su plantilla un 16%.
El modelo que impulsa el capital privado es un hospital público convertido en laboratorio de ensayos clínicos con financiación pública cuyos resultados patentan las farmacéuticas para venderlos de nuevo a la administración. Un hospital incapaz de resolver las demandas de la población por falta de recursos no innovadores, con listas de espera que alimentan la medicina privada y un agujero sin fondo presupuestario por el coste de nuevos fármacos.
Mientras tanto, la atención primaria —pilar del sistema— se abandona deliberadamente. Con masificación, falta de accesibilidad y limitada capacidad de resolución, su papel se reduce a mera comparsa del hospital, dejando de ser la «puerta de entrada» del sistema que ahora ocupan las urgencias y, próximamente, las mutuas.
El informe denuncia la falta de transparencia de las administraciones sanitarias como uno de los grandes déficits del sistema. Las cifras de contratación con el sector privado están infraestimadas porque no incluyen la financiación pública a mutualidades de funcionarios ni las contrataciones directas de centros sanitarios con empresas privadas.
La FADSP califica la privatización como «uno de los problemas de salud pública más importantes de España», con consecuencias conocidas: incremento de la mortalidad general y aumento de las desigualdades en salud.
