Un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Málaga ha presentado un informe que advierte sobre los múltiples riesgos ambientales y socioeconómicos asociados a la instalación de macroplantas fotovoltaicas en el entorno de la Sierra de las Nieves, tras un estudio encargado por la Mancomunidad de Municipios de la región.
La investigación revela que estas instalaciones podrían elevar la temperatura local hasta en 3 grados durante los meses más calurosos, según evidencias obtenidas en estudios similares realizados por la universidad japonesa de Kyushu en la cuenca del río Kushida.
El consumo de agua para el mantenimiento de los paneles solares podría alcanzar los 56 millones de litros anuales en las instalaciones proyectadas de 30 MW, según los cálculos basados en parámetros establecidos por el Massachusetts Institute of Technology. Este consumo afectaría significativamente a las aguas superficiales y escorrentías necesarias para la agricultura local.
Los investigadores, liderados por el catedrático de Geografía Física José Damián Ruiz Sinoga, señalan que estas megaplantas entran en conflicto directo con la designación de Reserva de la Biosfera de la zona y amenazan el modelo productivo tradicional, desplazando actividades agrarias y ganaderas fundamentales para el empleo local.
El equipo de investigación, que incluye a Matías Mérida, Juan Marcos Castro y Raúl Muñoz, destaca además el riesgo de incendios debido a la acumulación de materiales inflamables y posibles roturas en las instalaciones, que podrían tener consecuencias devastadoras en este entorno natural.
Los expertos proponen como alternativa el desarrollo de comunidades energéticas locales vinculadas a explotaciones agrarias y turismo sostenible, argumentando que la producción de energía debe realizarse cerca de los puntos de consumo para evitar pérdidas en el transporte a largas distancias.
El informe señala que el modelo de macroplantas genera una fuerte dependencia externa, tanto financiera como tecnológica, creando empleos temporales altamente especializados que no benefician a la población local, mientras los impactos negativos recaen directamente sobre las comunidades afectadas.
