La Diputación de Málaga asumirá los costes de la Dirección General de Tráfico para que los vecinos de las comarcas de Ronda y Antequera no tengan que desplazarse a Málaga para realizar los exámenes de conducir. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, anunció que la institución provincial se hará cargo de la habilitación y mantenimiento de aulas informatizadas, una competencia que no corresponde a las entidades locales sino al Gobierno.
La DGT exigió a los ayuntamientos que habiliten aulas para la realización de los exámenes teóricos de conducir, de modo que deben ser los consistorios quienes adecuen los espacios, adquieran, instalen y mantengan los equipos informáticos, y se hagan cargo de la seguridad de las instalaciones y los sistemas. A petición de los alcaldes, la Diputación correrá con los gastos de unos servicios que benefician a los vecinos de Ronda y Antequera y de todos los municipios de su entorno.
Salado señaló que la institución tomó esta decisión atendiendo la solicitud de los alcaldes para evitar que sean los ciudadanos de estas comarcas quienes sufran la dejación de funciones del Ministerio de Interior. El presidente añadió que es la DGT quien hace las pruebas y cobra las tasas y, sin embargo, obliga a los ayuntamientos a hacer un gasto que no les corresponde y que no tienen previsto en sus presupuestos.
La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, denunció la imposición por parte del Gobierno, que obligaba a firmar un convenio y asumir los costes del aula informatizada o se llevaba los exámenes a Málaga. Fernández añadió que a Ronda también llegan personas de otros pueblos de la comarca e incluso de la provincia de Cádiz, por lo que la decisión de la Diputación va en consonancia con su política de ayuda a los municipios y de lucha contra la despoblación.
El alcalde de Antequera, Manuel Barón, agradeció a la Diputación su disposición a asumir los gastos necesarios para garantizar la continuidad de los exámenes del carné de conducir. Barón subrayó que esta solución no debe ocultar el problema de fondo, ya que se trata de una competencia exclusiva de la DGT. El alcalde advirtió que se está cambiando el pagador sin cambiar al responsable y recordó que el Gobierno ha dejado sin ejecutar cerca de 60.000 millones de euros en fondos europeos destinados, entre otras cosas, a la digitalización de las administraciones públicas. Desde la firma de los convenios con la DGT, que tendrá lugar próximamente, los ayuntamientos cuentan con un plazo de un año para adecuar las aulas y completar el proceso a lo largo del año 2026.