El portavoz del equipo de gobierno de Estepona, Manuel Aguilar, ha recordado que el PSOE fue quien causó «la ruina y el caos» económico, dejando una deuda de 300 millones de euros, lo que obligó al Ayuntamiento a llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo.
El edil ha comunicado que el Tribunal Supremo «en ningún caso declara la nulidad del ERE ni pone de manifiesto irregularidades o vulneración de derechos por parte del Ayuntamiento de Estepona en este procedimiento; de forma que el ERE sigue teniendo efectos respecto a la medida extintiva de la relación laboral». El edil ha indicado que «llevar a cabo despidos dentro de la plantilla ha sido la decisión más dolorosa para el equipo de gobierno y se abordó después de agotar y negociar con los sindicatos todas las vías posibles». Así, ha señalado que las causas objetivas que justificaron esta necesidad de reducir la plantilla fueron de naturaleza económica y organizativa. En concreto, la necesidad de reducir en seis millones el gasto de personal procedente del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria exigido por ley para afrontar el Plan de Pago a Proveedores, que en el caso de la localidad, sumaba un total de 66 millones de euros, fruto de las facturas impagadas por el anterior equipo de gobierno, que encabezaba el líder socialista David Valadez, durante el periodo 2008-2011.
En este sentido, Aguilar ha lamentado que el líder socialista haya vuelto a mentir a los ciudadanos señalando que el equipo de gobierno no está pagando este Plan de Pagos a Proveedores, cuando se han abonado ya un total de 7,9 millones de euros (durante 2012, 2013 y 2014) correspondientes a los intereses de las facturas que no pagó durante su gobierno. «La desvergüenza y la mentira de Valadez no tiene límites ni pudor, cuando los 66 millones de euros de deuda del Plan de Pago a Proveedores son fruto, en su totalidad, de la irresponsabilidad de Valadez y de su costumbre de no pagar nada ni a nadie», ha añadido. Asimismo, ha recordado el excesivo peso de la plantilla (en torno al 90% sobre los ingresos) resultaba desde el punto de vista económico insostenible, como consecuencia de la existencia de 1.362 empleados. La lista de empleados que se vieron afectados por el ERE -solo personal laboral con acceso a la administración sin proceso selectivo- se confeccionó según los criterios objetivos, sin que se vulneraran los derechos de los trabajadores, tal y como así lo ha dejado de manifiesto la Fiscalía del Tribunal Supremo. Tras la reducción de plantilla, el edil ha señalado los servicios se siguen prestando con normalidad y la calidad de los mismos no se ha visto mermada.
