La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en la diputación alerta del “estado crítico” en el que se encuentra la sanidad en la provincia y solicitan que se contrate personal de manera “urgente” para combatir la situación de desasistencia en la que se encuentra la ciudadanía en atención primaria o pediatría, así como la falta de personal de enfermería, admisión y administración.
“Es una evidencia que el sistema público de salud malagueño está sobrepasado y que requiere de la adopción de medidas e inversiones efectivas con carácter urgente. La radiografía nos muestra un diagnóstico crítico: colas en los centros de salud y consultorios médicos, teléfonos de atención e información sanitaria saturados, citas con demoras de hasta 14 días, reducción del número de días de asistencia profesionales desbordados y presión hospitalaria en progresivo y preocupante incremento”, critica la portavoz de la coalición, Teresa Sánchez.
Para Izquierda Unida y podemos “es urgente aumentar la inversión en la sanidad pública, muy en especialmente en la atención primara, con vistas a prestar una atención adecuada que evite el colapso hospitalario y de las unidades de cuidados intensivos. Estas necesidades colisionan con la gestión del gobierno andaluz, conformado por el PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox, que apuesta por el trasvase de fondos y el aumento de los conciertos con la sanidad privada como una acción central en su estrategia de desmantelamiento de la sanidad pública, lo que agrava la deficitaria atención ante las exigencias que plantea la pandemia”.
Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma del conjunto de España que menos test de detección PCR realiza de forma proporcional a su población, al no alcanzar las 80 pruebas por cada 1.000 habitantes, mientras que el País Vasco está en niveles cercanos a los 300 PCR por cada mil residentes.
“Los municipios menores están desatendidos, se desoyen sistemáticamente sus peticiones, municipios como Cuevas del Becerro llevan semanas intentando que se realice un cribado masivo en el municipio, sin embargo, obtienen la callada por respuesta por parte del Delegado Provincial de Málaga, que se dedica a grabarse vídeos comiendo galletas para motivar al personal y dar ánimos”, incide Sánchez.
Málaga encabeza el ranking en número de camas privadas en Andalucía, con más del 45% de total de camas hospitalarias. De esta forma más del 38% de las camas hospitalarias privadas andaluzas se aglutinan en Málaga, mientras que las públicas tan solo representan el 15% del total autonómico. “Estos datos ponen de manifiesto que estas políticas sanitarias impulsadas desde el gobierno de la Junta buscan beneficiar al capital privado usando un derecho fundamental como el acceso a la sanidad”, abunda la portavoz.
“A estos despropósitos tenemos que añadir que, en mitad de este caos, la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha ocultado durante semanas la situación de transmisión comunitaria experimentada en la provincia, como ha quedado probado con un informe interno fechado a 24 de agosto que se remitió a varias residencias de mayores de la Costa del Sol. En aquellos días se detectó una incidencia de 163,49 casos PRC por cada 100.000 habitantes, superando el indicador recomendado por Salud, que fija un límite de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Esta actitud es una muestra clara de la opacidad, irresponsabilidad, negligencia y mala praxis del ejecutivo andaluz. Además de constituir una actitud temeraria, al ocultar información de interés público y torpedear la toma de conciencia colectiva y la adopción de medidas de prevención más efectivas”, incide Sánchez.
Colectivos como ‘Basta Ya’, que aglutina a médicos de familia y pediatras andaluces, Marea Blanca por la Sanidad Pública de Málaga, el Sindicato Médico de Málaga o la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia en Andalucía vienen alertando de esta situación crítica en la que está inmersa la sanidad pública malagueña desde la primera ola de la pandemia y que se ha visto agudizada con el avance del Covid 19.
De este modo, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos solicitan al pleno de Diputación de Málaga que inste a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a aumentar la contratación de profesionales sanitarios: facultativos, personal de enfermería, de servicios auxiliares, administrativo y de admisión; que se adopten medidas efectivas para garantizar la adjudicación de citas en atención primaria en un plazo no superior a las 48 horas; la contratación en número suficiente de rastreadores para el seguimiento de los contagios y freno de los brotes de Covid-19; rescatar para la gestión pública el servicio de Salud Responde, asumiéndolo de forma directa mediante su integración en la estructura del SAS; fortalecer la inversión en el sistema público de atención sanitaria y poner freno los recortes y a la escalada progresiva de las privatizaciones, externalizaciones de servicios, conciertos y trasvase de fondos a la sanidad privada; realización con carácter urgente de un plan de actuación y el refuerzo con medios humanos y materiales de la atención hospitalaria, para la reducción de las listas de espera, la creación de unas condiciones óptimas para la atención de las demandas de ingresos en planta y UCI y la mejora generalizada de la sanidad pública en nuestra ciudad; y que se retire de manera inmediata la Orden de 8 noviembre y a consensuar en la Mesa Sectorial cualquier medida que afecta a las condiciones laborales del personal sanitario.
