Los socialistas votan a favor del expediente de modificación de crédito “por responsabilidad, sabedores de que nos encontramos cosas que hay que pagar con premura desde el consistorio”, lamentando que haya que enmendar las cuentas “una semana después de su aprobación definitiva”.
“Una semana después de aprobar definitivamente las cuentas municipales nos encontramos con una nueva modificación presupuestaria, algo a nuestro juicio muy poco serio, que deja en evidencia una pésima gestión del área económica y de las áreas hoy enmendadas presupuestariamente”, ha explicado el portavoz socialista Daniel Pérez.
Los socialistas han votado favorablemente al proyecto de modificación “por responsabilidad, sabedores de que nos encontramos cosas que hay que pagar con premura desde el consistorio. Este es un grupo responsable y como tal no va a dejar a proveedores ni asociaciones sin cobrar”.
Para los socialistas, “este expediente lo compone un cajón de sastre en la mayoría de las concejalías, en otras como turismo, vemos hasta una veintena de conceptos enmendados presupuestariamente mediante la modificación lo que denota una pésima planificación del área. Sabedores de que este no será el primer expedientes de modificación de crédito que traerán ustedes de aquí al final del año.”.
También encontramos sentencias judiciales por diferentes temas, uno de ellos por haber querido politizar con dinero público sus ‘vendettas’ políticas. Hay que remontarse a 2011, cuando en plena campaña electoral estatal, el Partido Popular promovió una serie de contenciosos administrativos desde aquellos ayuntamientos que gobernaban con la única intención de lastrar la imagen del gobierno socialista.
“Recordemos su mantra de aquel momento, la culpa es de Zapatero. Así iniciaron su camino judicial con una demanda que hoy pagamos todos los malagueños de nuestro bolsillo, 94.000€. Una sentencia que deja en evidencia lo mal que se hizo presentando esta demanda y que no tenía razón en absoluto”, cuestiona Pérez.
De hecho, la propia sentencia explica claramente que los criterios usados por el Partido Popular en su contencioso, ‘no venían legalmente impuestas, no pueden erigirse en motivo de anulación de la liquidación definitiva recurrida’. Razón esta por la que el Tribunal Superior de Justicia considera ‘motivos más que bastantes para desestimar la pretensión’ del Partido Popular.