Málaga para la Gente ha hecho públicas hoy sus conclusiones en relación a la Comisión de Investigación de Art Natura, que preside el portavoz de este grupo político, Eduardo Zorrilla.
Para MpG, el alcalde, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, y el ex delegado de Cultura, Miguel Briones, son algunos de los responsables políticos del fiasco, junto al que fuera secretario de Estado del Gobierno Aznar, Miguel Ángel Cortés, y Zorrilla no descarta que su formación acuda a Fiscalía en relación al uso que se dio al canon económico que el Ayuntamiento pagaba a la empresa que se encargaría de poner en marcha un museo de las gemas en la antigua Tabacalera.
Zorrilla recuerda que Izquierda Unida (grupo que se integra en la coalición municipal Málaga para la Gente) venía denunciando desde 2007 que lo que el PP presentó como proyecto estrella en las elecciones municipales (y después en 2011) no era más que un fiasco, que ha terminado por ser “un gran fiasco y un derroche para las arcas públicas y los bolsillos de los malagueños”.
El edil ha recordado que la comisión de investigación no sustituye el trabajo de la Justicia, sino que busca responsabilidades políticas y que en ese sentido, y en la última reunión que haya, se aunarán las conclusiones de los distintos grupos para elevar una conclusión final.
Mientras, Málaga para la Gente entiende que el alcalde es el responsable directo de que se firmara un contrato con la empresa Art Natura en 2006 sin garantías o avales que protegieran los intereses del Ayuntamiento en caso de incumplimiento por parte de la empresa, “lo que supuso una negligencia inexcusable con resultado muy perjudicial para las arcas municipales”.
También hubo responsabilidades políticas por parte del que fuera secretario del Estado Miguel Ángel Cortés, que hizo de mediador para que el proyecto llegara a Málaga y cuya empresa cobró 39.000 euros en concepto de asesoramiento. Este cargo del PP de Aznar no aceptó declarar en la Comisión de Art Natura.
Tampoco declaró el ex concejal de Urbanismo Manuel Díaz, al que Málaga para la Gente le achaca la responsabilidad política de que no se realizara un estudio de cimentación del edificio de la antigua Tabacalera para la redacción del proyecto básico, lo que llevó a unos sobrecostes de la obra que alcanzó los 30 millones de euros y a pesar de que es obligatorio.