La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta por haber estafado a 12 empresas extranjeras a través de fraudes informáticos. La cantidad total estafada asciende a los 10.700.000 euros.
Las empresas víctimas de este ciberdelito tienen sede en Bélgica, Venezuela, Bulgaria, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Chile y Reino Unido
El método utilizado por los detenidos es el denominado “fraude al CEO” o “estafa BEC” –Business Email Compromise–. Los atacantes suplantaban la identidad–spear-pishing– de los directivos de estas empresas, haciéndose con el control de sus cuentas de correo electrónico. Posteriormente, solicitaban falsas transferencias a los bancos con los que estas empresas suelen trabajar. El dinero transferido acababa repartido en cuentas de la organización.
Para dar más credibilidad, los ciberestafadores adjuntaban a los correos facturas pro-forma donde figuraba el membrete de las empresas que expedían.
Los autores de esta estafa informática se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y usurpación de estado civil.
Para blanquear el dinero, la organización había creado un complejo entramado financiero de empresas y cuentas bancarias. Los investigadores han llegado a identificar un total de 83 sociedades y 185 cuentas bancarias relacionadas con esta estafa. Con el objetivo de no ser detectado, el curso del dinero estafado sufría un movimiento continuo entre estas cuentas. Hasta el momento, la Guardia Civil ha podido recuperar 1.290.000 euros, repartidos en 16 cuentas de la banda que ya han sido bloqueadas. La organización también blanqueada los beneficios de manera directa a través de la compra de inmuebles.
La operación Lavanco se inició en 2016 en Sarria (Lugo). Dirigida desde la Comandancia de Lugo, ha contado con la colaboración de Europol e Interpol, así como la de varios cuerpos policiales extranjeros como el FBI o la BKA alemana.
Los autores de estos delitos –de entre 34 y 67 años de edad- son vecinos de Sevilla, Cuenca, Tarragona y Albacete, y ya han pasado a disposición judicial.