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El Ministerio de Transportes licita contrato de conservación para 122 kilómetros de carreteras malagueñas

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en licitación un contrato valorado en 24,68 millones de euros para la conservación y explotación de 122 kilómetros de carreteras estatales en la provincia de Málaga. El acuerdo, que será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado, tendrá una duración de tres años con posibilidad de prórroga por dos años adicionales y una extensión final de hasta nueve meses.

El plan de mantenimiento abarca un total de 122,763 kilómetros de vías, de los cuales 104,801 corresponden a autovías. Las rutas incluidas en el contrato comprenden la A-7 desde el kilómetro 983,7 en Málaga hasta el 1.087,3 en Manilva, atravesando municipios como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona y Casares. También se incluyen tramos de la MA-20 entre Torremolinos y Málaga, la MA-22 y la MA-23 en Málaga.

Entre las actuaciones contempladas figuran la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, así como el mantenimiento de instalaciones. El contrato incorpora además una rehabilitación específica del firme de la A-7 entre los kilómetros 1.060,4 y 1.087,3 en el término municipal de Estepona.

Los pliegos de licitación integran objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono como parte de la estrategia ministerial para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética. Las empresas licitadoras deberán calcular el impacto ambiental que generarán durante la ejecución del contrato y presentar un plan de descarbonización en los primeros seis meses tras la adjudicación.

Este modelo de conservación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad, optimizar los recursos públicos y mejorar el estado de la infraestructura vial. La iniciativa forma parte del programa general de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, con el que se pretende reducir 71.640 toneladas anuales de CO2 generadas por el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento de la red estatal.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en licitación un contrato valorado en 24,68 millones de euros para la conservación y explotación de 122 kilómetros de carreteras estatales en la provincia de Málaga. El acuerdo, que será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado, tendrá una duración de tres años con posibilidad de prórroga por dos años adicionales y una extensión final de hasta nueve meses.

El plan de mantenimiento abarca un total de 122,763 kilómetros de vías, de los cuales 104,801 corresponden a autovías. Las rutas incluidas en el contrato comprenden la A-7 desde el kilómetro 983,7 en Málaga hasta el 1.087,3 en Manilva, atravesando municipios como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona y Casares. También se incluyen tramos de la MA-20 entre Torremolinos y Málaga, la MA-22 y la MA-23 en Málaga.

Entre las actuaciones contempladas figuran la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, así como el mantenimiento de instalaciones. El contrato incorpora además una rehabilitación específica del firme de la A-7 entre los kilómetros 1.060,4 y 1.087,3 en el término municipal de Estepona.

Los pliegos de licitación integran objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono como parte de la estrategia ministerial para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética. Las empresas licitadoras deberán calcular el impacto ambiental que generarán durante la ejecución del contrato y presentar un plan de descarbonización en los primeros seis meses tras la adjudicación.

Este modelo de conservación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad, optimizar los recursos públicos y mejorar el estado de la infraestructura vial. La iniciativa forma parte del programa general de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, con el que se pretende reducir 71.640 toneladas anuales de CO2 generadas por el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento de la red estatal.

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