La Diputación de Málaga ha remitido a la Junta de Andalucía 172 proyectos que suman un importe global de 10.728 millones de euros -tanto de la institución provincial como de ayuntamientos de la provincia- para acogerse al fondo europeo Next Generation EU, aprobado por la Unión Europea, que incluye un importante paquete de ayudas para hacer frente a las graves consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado que la institución provincial ha gestionado, a través de sus áreas de gobierno, un total de 33 proyectos que suman más de 6.064 millones de euros. Y a ellos se han unido 45 municipios que no han presentado propuestas propias.
Entre los proyectos, se ha incluido el tren litoral, para el que se ha solicitado una financiación de 3.000 millones de euros. “Es un proyecto clave -ha precisado- para avanzar precisamente en el transporte sostenible y accesible, uno de los ejes estratégicos de los nuevos fondos europeos, en una de las zonas del litoral andaluz, y me atrevería a decir español, con mayor densidad de tráfico”.
Todas las actuaciones se engloban dentro de 21 estrategias provinciales, entre ellas programas de apoyo para la rehabilitación de viviendas para facilitar el retorno de los jóvenes y las familias a las zonas despobladas; de formación de profesionales en el sector de las energías renovables y bioconstrucción; planes de eficiencia energética de edificios públicos a través del aprovechamiento de la biomasa; de gestión telemática de carreteras de la red provincial; de apoyo a emprendedores para una economía rural sostenible y de preservación y mejora de infraestructuras y ecosistemas resilientes.
Otras estrategias incluyen planes de modernización y competitividad del sector turístico, de fomento de la agricultura y la producción ecológica, de infraestructuras verdes, de mejora en la eficiencia de la gestión de procedimientos recaudatorios, de digitalización de las pymes, de fomento del deporte, de impulso de la industria cultural y de preservación y regeneración del espacio litoral y sus ecosistemas.
Y los proyectos también se refieren a la mejora de la red de banda ancha y de wifi, al desarrollo e implantación de una nueva plataforma de tramitación de la hacienda electrónica local y provincial, a la creación de itinerarios formativos con capacitación profesional en nuevas actividades energéticas, instaladores, a la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y a la modernización del parque móvil con vehículos limpios, vehículos híbridos o eléctricos municipales.
Por parte de los 26 ayuntamientos, se han presentado un total de 139 proyectos que suman un importe de 4.664 millones de euros, centrados en el avance del territorio y en la recuperación económica atendiendo los siete ámbitos que la Unión Europeo ha fijado como prioritarios para las ayudas.
Salado ha explicado que estos fondos serán tramitados por el Gobierno central, “que por el momento no ha concretado cómo se llevará a cabo la gestión de estas solicitudes, pero esperamos que se actúe con lealtad institucional y con responsabilidad”.
“Desde la Diputación de Málaga -ha añadido- hemos hecho todo lo posible por nuestra parte para que la provincia, bien a través de esta institución o de sus ayuntamientos, pueda captar la máxima cantidad de fondos posibles. Ha supuesto un trabajo administrativo y de coordinación en un tiempo récord, pero, una vez más, esta casa ha estado a la altura de las circunstancias, sirviendo además de embajadora y de facilitadora para que los ayuntamientos pudieran presentar sus propios proyectos”.
Puntos de recarga para vehículos eléctricos
Por otro lado, Francisco Salado ha informado sobre dos proyectos de la Diputación de Málaga que contarán con financiación europea que forman parte de ‘Málaga Provincia Inteligente’. Se trata de un plan estratégico, en el que trabaja el servicio de Informática y Telecomunicaciones de la delegación de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos, que contempla diferentes líneas de actuación para mejorar el desarrollo tecnológico, económico y social de los municipios.
Se han aprobado dentro del programa de Ciudades y Territorios Inteligentes (CITI), promovido por la Junta de Andalucía con cofinanciación del FEDER.
“Son dos proyectos -ha recalcado el presidente de la Diputación- que suponen un salto cualitativo en materia tecnológica y de innovación, haciendo frente a cuestiones capitales para nosotros como son la lucha contra el cambio climático, el transporte sostenible, la digitalización de procesos y la aplicación de técnicas avanzadas de big data para la resolución de problemas cotidianos”.
Uno de ellos es la instalación de 30 electrolineras o puntos de recarga para vehículos eléctricos repartidos por la provincia. Cuenta con un presupuesto total de 531.432 euros, de los cuales el 60% es cofinanciado con fondos europeos y el 40% restante con fondos de la propia institución.
Estos puntos de recarga, que se distribuirán en 28 municipios de menos de 20.000 habitantes y otros dos en la propia Diputación, contarán con una velocidad media de 22 kilovatios por hora, lo que supone una autonomía media por hora de 140 kilómetros.
Siete se ubicarán en la Axarquía (Arenas, Benamocarra, Comares, Frigiliana, Riogordo, Torrox y La Viñuela) y siete en la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves: Benaoján, Cortes de la Frontera, El Burgo, Gaucín, Júzcar, Yunquera y Guaro.
Además, habrá otros diez en las comarcas de Antequera, Nororma y Guadalteba: Alameda, Casabermeja, Fuente de Piedra, Villanueva de la Concepción, Archidona, Cuevas de San Marcos, Villanueva del Trabuco, Ardales, Campillos y Cuevas del Becerro; así como un municipio en la Costa del Sol, Casares; y tres en el Valle del Guadalhorce: Almogía, Pizarra y Valle de Abdalajís.
Sistema de videovigilancia
El segundo proyecto que ya ha sido aprobado, y que contará en este caso con una financiación europea del 70 por ciento, contará con 798.262 euros de presupuesto y supone la creación de una Plataforma Smart y de un sistema de gestión de incidencias mediante videovigilancia.
Por un lado, a través de la Plataforma Smart, que afectará a 87 entidades locales de la provincia, se propone la recogida de datos de los municipios, de los vecinos y de las empresas, cumpliendo siempre los requisitos de privacidad. Se podrán tener datos, por ejemplo, del volumen de tráfico en una localidad, o en una parte concreta del pueblo, lo que servirá para poder controlar y ordenar de forma más eficiente la circulación.
Y, por otro lado, se establecerá un sistema de videovigilancia en 30 municipios pequeños, que estará integrado en un sistema de gestión inteligente que permita recabar información útil para la resolución de problemas.