La Junta de Andalucía publicó la semana pasada una modificación legislativa que permite que las viviendas turísticas situadas en ámbitos rurales o de menos de 20.000 habitantes puedan acogerse a partir de ahora por la normativa que regula las viviendas con fines turísticos (Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2018, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos). Esta modificación soluciona una casuística habitual en municipios de menos de 20.000 habitantes y permitirá regularizar la situación de una gran cantidad de viviendas rurales que hasta ahora se encontraban en la alegalidad.
Así, desde el pasado jueves pueden constituirse viviendas con fines turísticos en el medio rural, siempre que no cumplan con los requisitos de los alojamientos rurales y no puedan comercializarse como tales. De esta forma, pasarán a estar regidas por el Decreto 28/2016, de las viviendas con fines turísticos.
Hasta ahora, a los municipios de menos de 20.000 habitantes no se les aplicaba el Decreto 28/2016, y por tanto no disponían de viviendas con fines turísticos. La modificación que acaba de entrar en vigor permitirá sacar de la alegalidad a viviendas situadas en municipios como Frigiliana, Tarifa o Cazorla, todos ellos eminentemente turísticos, pero con una población inferior a 20.000 habitantes. Sus propietarios podrán inscribir sus viviendas turísticas en el Registro de Turismo de Andalucía.
Esta nueva modificación legislativa, muy esperada en el sector, fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de enero y entró en vigor la semana pasada. La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) presentó en 2017 un informe a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el pasado 29 de agosto, en el que se incluían propuestas para la mejora de la normativa aplicable, entre las cuales se mencionaba la posibilidad de incorporar este tipo de alojamientos a la normativa de viviendas turísticas y solucionar, por tanto, esta situación de alegalidad.
Carlos Pérez-Lanzac, presidente de AVVA, opina que la consejería de Turismo ha reaccionado de forma «rápida y positiva» a las necesidades y que esta novedad tendrá un gran impacto en zonas que hasta ahora no podían proceder a dar de alta regularmente viviendas con vocación turística, lo que permitirá, a su vez, hacer un seguimiento y control de la oferta de calidad que propugna la normativa turística andaluza. «Pone en valor más si cabe el impacto positivo y capilarizador de la vivienda turística, porque permite que llegue el efecto económico llevando turistas a estos municipios», explica Pérez-Lanzac.