La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, ha llevado a cabo una operación denominada ‘Chaak’ contra el presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales en la zona de la Axarquía malagueña. La investigación se inició hace cuatro años, cuando se recibió una denuncia por el uso fraudulento del agua para el riego en la comarca de la Axarquía, por parte de agricultores de cultivos subtropicales, que podrían estar provocando un daño importante a las reservas hidráulicas.
Durante la investigación, los agentes del Seprona inspeccionaron un total de 3.453.008 metros cuadrados de cultivos de subtropicales, donde se pudo comprobar que se realizaba la extracción continuada de aguas subterráneas públicas a través de 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos, balsas, etcétera. Según un informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, más de 250 de estos aprovechamientos son ilegales, a pesar de la grave situación hídrica existente en la zona. La cantidad de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad se estima en 25.951.198 metros cúbicos aproximadamente, y la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240.242 hectáreas, lo que podría causar daños al dominio público hidráulico por un valor de 10.000.000 euros.
Además, se ha investigado la posible implicación de varias comunidades de regantes que estaban permitiendo el riego fuera del rango de cota 140, estando completamente prohibido. Según los investigadores, un total de 2.220.555 metros cuadrados del suelo de esa zona podría estar siendo regado ilegalmente con agua procedente de estas comunidades, lo que podría haber causado unos 3.000.000 euros de daños al Servicio de Dominio Público Hidráulico durante los últimos años.
En el marco de la operación, se han detenido a 26 personas por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por usurpación de aguas públicas. Además, hay más de un centenar de investigados y 39 personas implicadas como partícipes a título lucrativo. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez-Málaga. La Junta de Andalucía ha colaborado estrechamente con la investigación, y ha proporcionado información clave para la identificación de los aprovechamientos ilegales.
