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Personas con movilidad reducida dicen sentirse discriminados por la Administración Local

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Málaga para la Gente y colectivos de personas con movilidad reducida y usuarios de carriles bici han reclamado esta mañana al equipo de gobierno que cumpla su propia moción e implante medidas para hacer una ciudad accesible.

Los concejales de IU-MPG, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, representantes de la asociación Ruedas Redondas y de la Agrupación de Desarrollo, Málaga Accesible han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para presentar la iniciativa que este grupo político defenderá en la próxima comisión de Urbanismo y Movilidad para la mejora de la accesibilidad en Málaga hasta implantar las “Barreras Cero” (se adjunta)

La comparecencia ante los medios ha tenido lugar en la finalización del carril bici que llega hasta el Rectorado, y que acaba abruptamente, para escenificar esos problemas de movilidad de muchos sectores de la población.

Zorrilla ha explicado que en septiembre de 2016 el PP presentó con carácter de urgencia y le fue aprobada una moción con la que destacaba la importancia de garantizar a todas las personas una ciudad accesible y en ese sentido en cumplir los preceptos que se recogen en la propia ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Siguiendo ese reconocimiento, el PP propuso en su moción que las personas con movilidad reducida tuvieran derecho reconocido al uso de carriles bici en sillas de ruedas y eléctricas. En la misma iniciativa se daba un plazo de tres meses a la Comisión de Movilidad para que incluyera en las ordenanzas municipales ese derecho. 

 

Sin embargo, han pasado más de dos años y el PP no ha cumplido su propia moción. Zorrilla afirma que lo que ocurre en realidad es que el equipo de gobierno local sigue incumpliendo muchos preceptos de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, consiguiendo que hechos excepcionales se conviertan en regla

 

Así, el edil de IU recuerda que hay miles de establecimientos públicos en la ciudad que siguen sin ser accesibles, y que, si bien muchos abrieron antes de que la ley lo estableciera, otros muchos lo han hecho después y siguen teniendo el mismo problema.

La razón es que el cambio de ordenanzas puesto en marcha por el PP establece la llamada declaración jurada del solicitante, sin necesidad de tener cubiertos los requisitos. A lo que se le añade que el escaso número de inspectores hace imposible comprobar tales hechos de manera oficial.

 

Zorrilla también ha hablado de la necesidad de que completar la flota de autobuses municipales con doble rampa, así como la formación de los conductores para garantizar el derecho del disfrute del servicio público a todas las personas, independientemente de su grado de movilidad.

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